La decisión se da tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Amerio, hasta ahora secretario de Justicia, estará a cargo del organismo que representa legalmente al Estado y tendrá entre sus prioridades la causa por la expropiación de YPF
El presidente Javier Milei designó a Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de representar legalmente al Estado y asesorar al Poder Ejecutivo en cuestiones jurídicas clave.
El nombramiento se da en el marco de la reorganización del Gobierno tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Amerio, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia, reemplazará en el cargo a Santiago Castro Videla.
Según confirmaron fuentes oficiales,
la decisión fue tomada por el propio Milei luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos del oficialismo. Tras ese encuentro, el mandatario le ofreció el cargo a Amerio, uno de los funcionarios más cercanos al consultor libertario.
Desde su nuevo rol, Amerio quedará al frente del equipo de abogados que asesora al Presidente y defiende los intereses del Estado en los litigios más sensibles. Entre las prioridades aparece la causa internacional por la expropiación de YPF, uno de los expedientes de mayor impacto económico para la administración nacional.
El cambio también implica movimientos dentro del Ministerio de Justicia. Con la salida de Amerio de la Secretaría de Justicia, ese puesto será ocupado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Las modificaciones forman parte del reordenamiento que impulsa Mahiques tras asumir como ministro, luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona del gabinete.
En paralelo, el nuevo titular de Justicia solicitó las renuncias a las autoridades de varios organismos que dependen de la cartera, entre ellos el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Aunque inicialmente se había planteado que la Procuración del Tesoro no sufriría cambios por tratarse de un organismo sensible que maneja litigios estratégicos para el Estado, las negociaciones internas en el Gobierno durante las últimas horas derivaron en la decisión de modificar también esa conducción.
