Es un acuerdo alcanzado con Bainbridge y otro grupo liderado por Attestor Value Master Fund. Son holdouts con bonos defaulteados en 2001 que no ingresaron en el acuerdo de 2016. El Ejecutivo pidió celeridad al Congreso porque el 30 de abril vence el plazo pactado
Diez años después del pago al grupo de fondos buitre que demandó a la Argentina por el default de 2001, el Gobierno ahora apunta a concretar un acuerdo por US$ 171 millones con un puñado de fondos demandantes que se mantuvieron en litigio en los tribunales norteamericanos.
A través de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo giró al Senado este viernes, la Casa Rosada pidió al Congreso autorización para pagarle ese monto a un grupo de fondos buitre. Los que lideran la operación son Bainbridge y otro consorcio encabezado por Attestor Value Master Fund.
Los abogados que representan a la Argentina en la justicia de Nueva York, donde se llevaron adelante los juicios por los bonos que cayeron en default en 2001, alcanzaron un acuerdo con los litigantes para concretar el pago definitivo que cierre ese frente judicial. Incluye una quita del capital en disputa.
Según el texto oficial, la transacción contempla una quita superior al 30% sobre los montos en disputa y fija pagos por US$ 67 millones para Bainbridge y US$ 104 millones para el grupo Attestor, bajo un mecanismo de “entrega contra pago”, es decir que el Gobierno recibe los bonos en cuestión para su cancelación. Además, se establece que los costos legales corren por cuenta de los acreedores.
El convenio fue alcanzado en marzo pero tiene una fecha concreta para realizar el pago antes de que se vuelva a abrir, eventualmente, la posibilidad de reclamos judiciales. El proyecto de ley menciona la «urgencia del tratamiento legislativo» ya que «los acuerdos establecen como fecha límite de cierre (“Outside Date”) el 30 de abril de 2026».
«La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas», planteó el escrito, que lleva la firma del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y del jefe de gabinete Manuel Adorni.
Otro punto que el Gobierno resaltó como decisivo es que con la aprobación de este proyecto caerán demandas de embargo sobre activos argentinos.
Entre otros puntos, se prevé la finalización de demandas que incluyen intentos de embargo sobre participaciones estatales en empresas como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, así como el cierre de procesos de investigación sobre activos (“discovery”) que los acreedores venían impulsando.
Según especificó el proyecto, el pago a los dos fondos en cuestión se hará con el presupuesto destinado al pago de servicio de deuda.
Fuente: Rosario3
