La medida se tomó tras una presentación del Ministerio de Capital Humano, luego de que se fijaran sanciones económicas contra Diego Santilli por no cumplir con una orden judicial que exige actualizar salarios universitarios y garantizar fondos para becas estudiantiles. Los camaristas aclararon que la habilitación de la apelación no significa que consideren acreditado el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Capital Humano contra la intimación judicial que le exigió cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. Los jueces aclararon que la decisión no implica adelantar opinión sobre si el Gobierno cumplió o no con sus obligaciones. La medida se conoció en medio de la jornada de protesta en todo el país, que también tuvo su réplica en Rosario.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar este jueves a la queja presentada por el Estado nacional, luego de que el juez de primera instancia rechazara la apelación contra una resolución que intimó al Gobierno a cumplir con la cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por cada jornada de demora.
En su resolución del 22 de septiembre, el juez de primera instancia Martín Cormick había exigido al Ministerio de Capital Humano que cumpliera efectivamente con la medida cautelar, al considerar que todavía no existía un acatamiento total. Sin embargo, el Gobierno cuestionó esa decisión porque, según sostuvo, no se precisó con claridad cuál era el incumplimiento ni qué medidas concretas debía adoptar para evitar las multas.
En ese marco, la cartera que conduce Capital Humano argumentó que había dispuesto una actualización salarial del 21,33% sobre los haberes vigentes a mayo de 2026. Según sus cálculos, ese incremento permitió alcanzar una suba acumulada del 226,80% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, por encima del 226,40% que, afirmó, correspondía al índice de precios al consumidor (IPC) durante ese período.
El Estado también cuestionó la interpretación judicial sobre la evolución salarial posterior y planteó que los aumentos siguientes debían discutirse en las negociaciones paritarias. Además, sostuvo que la intimación no identificaba de manera suficientemente precisa qué parte de la obligación legal continuaba pendiente.
En su presentación, advirtió que la situación afectaba su derecho de defensa. “El Estado Nacional debe afrontar un pago por un presunto incumplimiento parcial, sin saber con certeza a cuánto asciende dicho pago”, argumentó, al cuestionar la posibilidad de que se le impusieran sanciones económicas sin una determinación concreta de las obligaciones pendientes.
Respecto del artículo 6 de la ley, el Gobierno también planteó diferencias sobre el alcance de las disposiciones referidas a las becas. Sostuvo que la norma debía interpretarse en relación con el programa correspondiente y defendió que las becas Progresar y las de enfermería pertenecen a esquemas distintos de los contemplados en la legislación.
Qué resolvió la Cámara
Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán analizaron la queja del Gobierno contra la decisión que había impedido revisar la intimación. Finalmente, entendieron que la apelación debía ser concedida porque la resolución cuestionada podía ocasionarle al Estado un perjuicio de imposible reparación ulterior.
En ese sentido, la Sala III sostuvo que la decisión de primera instancia de rechazar la apelación era “susceptible de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada”.
Por eso, resolvió “hacer lugar al presente recurso de queja por apelación denegada” y conceder el recurso presentado por el Estado nacional contra la intimación del 22 de septiembre.
No obstante, los camaristas hicieron una aclaración: la habilitación de la apelación no significa que consideren acreditado el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. La resolución señala expresamente que lo decidido no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos”.
De esta manera, la discusión sobre el alcance de las obligaciones del Ejecutivo y el eventual incumplimiento deberá continuar su proceso. La Cámara habilitó la revisión del planteo oficial, pero no dejó sin efecto por esta decisión la intimación judicial ni resolvió el fondo de la controversia sobre el financiamiento universitario.
