La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional tras un extenso debate legislativo y establece un marco legal para que personas con enfermedades graves, incurables y en fase avanzada o terminal puedan solicitar ayuda para morir bajo estrictas condiciones. Antes de entrar en vigor, el texto deberá ser revisado por el Consejo Constitucional
Francia dio un paso histórico en materia de derechos sociales al aprobar de forma definitiva la ley que regula la eutanasia y la muerte asistida. La iniciativa fue sancionada por la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra, luego de un extenso tratamiento legislativo y de varias instancias de negociación con el Senado, de mayoría conservadora. La norma, impulsada por el presidente Emmanuel Macron y considerada uno de los principales proyectos de su segundo mandato, reconoce el derecho a solicitar ayuda para morir a los adultos de nacionalidad francesa o residentes en el país que padezcan una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal.
El acceso a este procedimiento estará limitado a personas que presenten un deterioro irreversible de su estado de salud y sufran dolores físicos o psicológicos que no puedan ser aliviados, siempre que estén vinculados a una patología física grave.
El texto establece además un procedimiento específico. La solicitud deberá realizarse por escrito ante un médico, de manera libre, voluntaria y con plena capacidad de discernimiento. El profesional tendrá un plazo máximo de 15 días para responder y, en caso de aprobar el pedido, el paciente deberá ratificar su decisión luego de un período mínimo de reflexión de dos días.
Solo en situaciones excepcionales, cuando la persona no pueda administrarse el procedimiento por sus propios medios debido a una incapacidad física, la ayuda podrá ser suministrada por un médico o un enfermero.
La ley será revisada por el Consejo Constitucional
Pese a la aprobación parlamentaria, la normativa todavía no entrará en vigencia. El Gobierno anunció que solicitará la intervención del Consejo Constitucional para que analice distintos aspectos del texto antes de su promulgación.
El primer ministro Sébastien Lecornu, designado por Emmanuel Macron, explicó que el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre cuestiones como el plazo de reflexión de dos días y los requisitos previstos para las personas adultas bajo tutela o protección judicial.
Asimismo, el Ejecutivo pidió que el Consejo Constitucional defina el alcance de la cláusula de conciencia de los profesionales de la salud y su aplicación en los establecimientos médico-sociales que acompañan a pacientes al final de la vida, pero que rechazan participar en procedimientos destinados a acelerar el fallecimiento.
La revisión constitucional también había sido anticipada por el presidente del Senado, Gérard Larcher, quien manifestó su intención de recurrir al tribunal en sintonía con los cuestionamientos planteados por los sectores conservadores. Si el Consejo Constitucional avala la ley, Francia pasará a integrar el grupo de países que permiten la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
El respaldo de Macron y el rechazo de la Iglesia
Tras la votación, el presidente Emmanuel Macron destacó el resultado del debate parlamentario y afirmó en sus redes sociales que el análisis del Consejo Constitucional se desarrollará «conforme a los principios de nuestro Estado de derecho». Además, agradeció a los legisladores por haber sostenido un debate que calificó como «constructivo y respetuoso».
