El hallazgo se produjo durante los allanamientos realizados en las localidades de Acebal y Wheelwright en el marco de la causa que investiga una presunta defraudación superior a los 580 millones de pesos contra la obra social de jubilados. Interviene también la Justicia Federal de Venado Tuerto por posibles delitos vinculados a estupefacientes
La investigación por la presunta estafa millonaria al Pami que tiene como principal sospechoso a un cardiólogo de la región sumó un nuevo capítulo. Durante los allanamientos realizados este jueves en las comunas de Acebal y Wheelwright, la Policía Federal encontró cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina en el domicilio de los principales investigados.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario a pedido de la Unidad Fiscal de Rosario, integrada por los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, en el marco de una pesquisa por una presunta defraudación al Pami que supera los 580 millones de pesos.
Además, durante el procedimiento se secuestró material quirúrgico y medicamentos de distinto tipo, entre ellos vacunas inyectables y ampollas de diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, junto con otros elementos de interés para la investigación.
A raíz de este hallazgo, se abrió una nueva causa judicial que quedó en manos de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, integrada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada. La investigación apunta a determinar posibles delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes y otras conductas contempladas en la Ley 23.737.
La novedad surge apenas horas después de que trascendiera la investigación por una presunta maniobra de facturación fraudulenta contra el Pami. Según la hipótesis de los fiscales federales de Rosario, el cardiólogo habría cargado miles de consultas, estudios y prácticas médicas a afiliados de distintas provincias entre 2023 y 2025, generando pagos por unos 580 millones de pesos que efectivamente fueron abonados por la obra social. La pesquisa se inició luego de detectar que numerosos afiliados desconocían haber recibido las prestaciones que figuraban registradas a su nombre.
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