El Presidente rechazó la Ley Nº 27.794, que garantizaba el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. La decisión profundiza la tensión política con los mandatarios y reabre la disputa por los fondos nacionales.
El presidente Javier Milei vetó este jueves la Ley Nº 27.794, que disponía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida quedó formalizada mediante el Decreto 652/2025 y representa un duro golpe para los gobernadores, que buscaban dotar de mayor previsibilidad a las transferencias y reducir la discrecionalidad del Ejecutivo.
El veto se suma a los recientes rechazos de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia en el Hospital Garrahan, consolidando una estrategia de confrontación que agudiza la tensión entre Nación y provincias.
Qué decía la ley vetada
El proyecto, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, establecía:
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Redistribución automática: los ATN se girarían a diario, bajo el mismo esquema que la coparticipación federal.
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Integración a la masa coparticipable: los fondos pasarían a formar parte del régimen general de distribución.
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Inclusión de CABA y Tierra del Fuego: ambos distritos recibirían un porcentaje fijo dentro del esquema.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el Fondo de ATN tiene una finalidad específica: atender emergencias y desequilibrios financieros. Por ese motivo, consideró que no corresponde incorporarlo a la masa coparticipable, defendiendo la potestad del Gobierno nacional de decidir el destino de los recursos.
Nuevo frente de conflicto político
El veto llega en un contexto sensible para Milei, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de un intento de tender puentes con los gobernadores mediante una “mesa de diálogo federal”.
Sin embargo, la decisión refuerza la percepción de intransigencia del Gobierno nacional y anticipa nuevas disputas en el Congreso y en la relación política con las provincias, que reclaman mayor previsibilidad y transparencia en la distribución de fondos.
