El Tribunal Oral Federal N°2 dio curso a los pedidos realizados por el fiscal Luciani. Involucra el domicilio actual de la expresidenta, inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Calafate
El tribunal que sentenció a Cristina Kirchner en la causa Vialidad dispuso el embargo preventivo de bienes de la expresidenta y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La medida incluye el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, propiedades en Puerto Madero y hoteles en El Calafate. El embargo, que había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, abarca también inmuebles y vehículos de otros condenados en esa causa.
Con las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el Tribunal Oral Federal N°2 coincidió con los fiscales en que “corresponde adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real” para hacer efectivo su decomiso, decisión que ya fue tomada por el TOF 2 y convalidada por la Cámara de Casación, pero que la expresidenta objetó ante la Corte Suprema de Justicia.
Además de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados. Pero, a más de un año de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme esa condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo a la expresidenta.
Luego de un largo proceso, con reiteradas objeciones de los condenados y sus defensas, se identificaron 111 bienes para ser tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Pero a esos bienes se agrega otro conjunto de propiedades señalados por los fiscales y que el TOF está procesando o sobre los cuales solicitó mayores precisiones. Sobre ese lote si fijaron algunos de los embargos preventivos decididos hoy.
“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha. La existencia del decomiso, su extensión económica y la obligación de avanzar en su ejecución constituyen extremos definitivamente establecidos. La pretensión cautelar no se apoya, entonces, en la eventual imposición futura de una condena patrimonial, sino que se dirige a garantizar la ejecución de una decisión ya adoptada”, señaló el tribunal.
El listado dado a conocer hoy por el tribunal comienza con los bienes que recibieron Máximo y Florencia Kirchner como titulares de las firmas Hotesur SA y Los Sauces SA. Tras señalar que los hermanos no fueron condenados en la causa Vialidad, el TOF 2 recordó que esas firmas se beneficiaron por el fraude al Estado y la relación económica entre Báez y los Kirchner.
“El dinero proveniente de la maniobra defraudatoria había generado beneficios económicos directos para Lázaro Antonio Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner; que durante el mismo período existió entre ellos una conexión económica exteriorizada en múltiples negocios concretos, documentados y comprobados; y que entre tales operaciones se encontraban aquellas vinculadas con la locación, explotación turística y realización de emprendimientos constructivos relacionados con los hoteles de la familia Kirchner, desarrolladas a título personal o por medio de sociedades como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., con la intervención de firmas pertenecientes a Báez”, señalaron en la resolución.
Fuente: Rosario3
