Por Varinia Drisun, diputada provincial, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe
Cada 5 de junio, Santa Fe celebra el Día Provincial de la Salud Pública en homenaje al nacimiento de Hermes Binner. La fecha no es una simple evocación. Es una oportunidad para reafirmar una convicción que marcó una transformación profunda en nuestra provincia: la salud no es un privilegio ni una mercancía; es un derecho que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar.
Ese principio permitió construir en Santa Fe uno de los sistemas públicos de salud más reconocidos del país, basado en la atención primaria, la presencia territorial, la producción pública de medicamentos y una red integrada de hospitales y centros de salud. Y es precisamente esa concepción la que hoy vuelve a estar en discusión frente a un gobierno nacional que se retira de responsabilidades esenciales y debilita políticas sanitarias fundamentales.
Hay decisiones de gobierno que revelan con claridad qué modelo de sociedad se pretende construir. Por ejemplo, cuando el Estado nacional deja de garantizar medicamentos, recorta programas esenciales o se retira de la cooperación sanitaria internacional, ya no estamos hablando solamente de números ni de cuentas fiscales, sino de la ejecución de una idea profundamente individualista de la vida.
Hoy la Argentina atraviesa una desarticulación sistemática del derecho a la salud impulsada por un gobierno nacional insensible.
Hace unos días, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca derogar normas fundamentales para el bienestar social. Entre ellas, la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, y los entendió como bienes sociales, no como simples mercancías.
Derogar esa ley es un ataque directo al sistema científico, tecnológico y sanitario. La Argentina cuenta con laboratorios públicos nacionales, provinciales y universitarios que producen medicamentos, sostienen tratamientos y permiten bajar costos. Debilitar esa red es abrirle la puerta a una mayor concentración privada, a precios más altos y a más exclusión para quienes dependen de los medicamentos producidos por el Estado.
A eso se suma un recorte presupuestario brutal al Ministerio de Salud de la Nación. Decisiones que no parecen responder a otra lógica que la planilla contable de Excel, y nada más. Pero cada vez que se avanza con el único criterio de “que cierren los números”, las consecuencias directas son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, programas que se vacían y provincias que deben hacerse cargo de responsabilidades que la Nación abandona.
Fuente: Rosario3
