El senador Motta presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas de Santa Fe. La iniciativa contempla severas multas, inhabilitaciones y penalidades tanto para conductores como para organizadores, además de la responsabilidad legal sobre menores.
El senador provincial Esteban Motta presentó un proyecto de ley que modifica la Ley 13.169 (Código de Faltas del Tránsito de Santa Fe) para prevenir y sancionar las picadas y las maniobras vehiculares riesgosas organizadas en la vía pública, una problemática que se repite en distintas localidades del departamento San Martín.
La iniciativa refuerza las sanciones por competencias, desafíos o pruebas de velocidad o destreza no autorizadas y crea una figura específica para las maniobras riesgosas organizadas, que alcanza no sólo a quien conduce sino también a quien organiza, convoca, promueve, dirige o facilita de manera esencial la actividad. Además, habilita el uso de evidencia tecnológica y digital obtenida lícitamente —publicaciones públicas, fotografías, videos o registros de videovigilancia—, con garantías para el derecho de defensa.
El proyecto también establece la responsabilidad solidaria de padres, tutores o responsables legales cuando quien comete la infracción sea menor de edad.
Las sanciones previstas
-Picadas, desafíos o pruebas no autorizadas: multa e inhabilitación para conducir de 3 meses a 2 años. Si el vehículo fue especialmente preparado, el máximo de la multa puede elevarse al doble dentro del límite legal.
-Organización o promoción de maniobras riesgosas: multa para quien organice, convoque, promueva, dirija o facilite de forma esencial la actividad.
Conducción durante la actividad riesgosa: multa e inhabilitación para conducir de 30 días a 1 año.
Los datos
En 2024 se registraron 367 víctimas fatales viales en la provincia de Santa Fe: 152 eran motociclistas, el 41% del total. En 2023, el grupo de 15 a 34 años concentró el 42,2% de las personas fallecidas en siniestros viales. En el plano local, El Trébol informó 48 secuestros de motovehículos entre enero y febrero de 2026, principalmente por infracciones vinculadas a seguridad y convivencia.
La propuesta no alcanza a quienes utilizan la motocicleta para trabajar, estudiar, trasladarse o recrearse de manera responsable, ni a las actividades deportivas autorizadas. Si un hecho configura un delito, seguirá correspondiendo la intervención de la justicia penal.
