Se trata de
un recurso extraordinario que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema, sin pasar por instancias intermedias como las cámaras de apelación, algo que solo se habilita en situaciones excepcionales.
El Ejecutivo decidió activar este mecanismo tras la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral, dictada por un juez luego de un planteo impulsado por la CGT.
A través de la Procuración del Tesoro, el Gobierno solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga de manera directa y deje sin efecto la medida cautelar.
El argumento central es que la decisión de un juez de primera instancia sobre una ley nacional implica un problema de “gravedad institucional”, ya que podría afectar el equilibrio entre los poderes del Estado.
El objetivo del per saltum es claro: acelerar los tiempos judiciales y evitar que el expediente atraviese un largo recorrido por tribunales inferiores antes de llegar al máximo tribunal.
Sin embargo, su aplicación no es automática. La Corte Suprema debe aceptar el recurso para tratar el caso de forma directa. Si lo rechaza, el proceso continuará por las vías tradicionales.
Por su carácter excepcional, el per saltum se utiliza en casos de alto impacto político, económico o institucional, donde se busca una resolución urgente.
En este escenario, la definición de la Corte será clave para el futuro de la reforma laboral, en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno y los sectores sindicales.
