En diálogo con AIRE, Massot sostuvo que la iniciativa “profundiza un camino que ya había iniciado el Gobierno con el DNU 70/23 y la Ley Bases”, pero advirtió que introduce cambios que afectan derechos adquiridos y vulneran garantías constitucionales.

“La sociedad opina sobre la reforma más desde la grieta política que desde el conocimiento real del contenido. Hay muchas zonas grises y puntos que van a generar conflictos judiciales”, señaló.

Uno de los aspectos más cuestionados es la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas para las pymes. Según explicó, esta medida vulnera el derecho de propiedad del trabajador. “La indemnización es un crédito del empleado. No se puede disponer de ella y obligar a cobrarla en cuotas. Eso ya fue rechazado por la Corte en otros antecedentes”, afirmó.

Además, cuestionó que la reforma establezca que la indemnización por despido sea la única reparación posible, impidiendo reclamar daños adicionales en casos de acoso laboral, persecución o violencia. “Esto va contra la Constitución y contra los tratados internacionales de derecho laboral. Va a ser judicializado”, anticipó.

Cambios que afectan el bolsillo

Massot también advirtió sobre el impacto económico directo que tendrá la reforma en los trabajadores. Uno de los puntos más sensibles es la modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral.

Actualmente, los empleados perciben el 100% del salario durante la licencia. Con la nueva ley, el pago podría reducirse al 75% o incluso al 50%, dependiendo de si la actividad que provocó la lesión es considerada riesgosa o voluntaria. “Esto abre un enorme margen de interpretación y va a generar conflictos judiciales constantes”, explicó.