Además: Amoblamientos Reno va a convocatoria de acreedores, primeras cartas en el asunto que toma el gobierno provincial por los incumplimientos del Grupo Roma, extienden la prisión preventiva al financista Arcamone, qué pasa con el inmueble de La Favorita, Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario, ceños fruncidos con dos bancos regionales importantes, está muy activo el mercado de la reventa de lotes con inversores pequeños que quieren salirse, y los terrenos de Puertos Norte no se traspasarán rápido a la Provincia
- “Así como lo estás proponiendo, es inaplicable”. Con esa sentencia los recibió el juez de la Corte Suprema, Ruben Weder, a los senadores provinciales que el jueves por la mañana se reunieron con los cortesanos para analizar los cambios al Código de Procedimiento Laboral, modificaciones normativas con las que el gobierno busca cerrarle una de las puertas de ingreso que entiende tiene la “industria del juicio” por accidentes y enfermedades laborales.
Recién habían terminado de sentarse los asistentes, algo incómodos por la disposición apretada y lejos de la mesa que se había dispuesto tal como se puede ver en la foto, y ya los miembros del máximo tribunal habían dejado bien clara su oposición al proyecto que tenía el OK de Diputados y que el oficialismo buscaba que esa tarde apruebe el Senado.
Sobre las palabras de Weder, y como para que no queden dudas del rechazo a las modificaciones, se sumó con contundencia el juez Roberto Falistocco diciendo que “lo que se necesita son más jueces, no más peritos”. La lectura del cortesano tenía un argumento sólido en números: cada juzgado laboral de Rosario recibe unas 2.500 causas al año. Una avalancha.
Mientras que el corazón del proyecto de ley es la creación de un amplio cuerpo especial de peritos oficiales que actúen directamente sobre las causas, la Corte prefería que los casos sigan siendo atendidos por los peritos elegidos por sorteo de la lista, quedando los oficiales como auditores; como establece por ejemplo el sistema de Mendoza.
Y en la diferencia entre ambos grupos está el centro de la problemática: mientras que los peritos oficiales —ahora hay solo tres que acaban de ser nombrados— cobran un sueldo judicial, los peritos de la lista que son elegidos por sorteo por cada caso cobran honorarios en base a la magnitud del incidente; a más gravedad, mejor retribución. Y para el gobierno provincial, esa forma de cobro —toda una invitación a agravar el perjuicio que tuvo el trabajador— es un resquicio normativo que aprovechan “los caranchos” para filtrarse y hacer así florecer “la industria del juicio”.
Por el lado de los legisladores, estaban Felipe Michlig, Pablo Verdecchia, Alcides Calvo, Leticia Di Gregorio, Rodrigo Borla, Esteban Motta, Armando Traferri, Ciro Seisas, Leonardo Diana, Germán Giaccomino y Eduardo Rosconi. Los acompañaban los diputados José Corral y Martín Rosúa por ser los autores de la norma que se estaba debatiendo.
Los legisladores no se achicaron. Y contraatacaron mostrando que, precisamente, en Mendoza los peritos oficiales detectan que los incidentes que analizan están inflados y por eso evalúan ahora en su Corte Suprema ir hacia un modelo similar al que se propone Santa Fe.
El encuentro transcurrió así golpe a golpe entre las partes, hasta que empezó a quedar visible una diferencia entre los cortesanos que permitió acercar algo los planteos y terminar el encuentro con una suerte de entendimiento, bastante a regañadientes, pero acuerdo al fin.
Es que a la visión más conservadora, con Weder a la cabeza, que proponía sumar jueces ante la avalancha de expedientes, otros cortesanos, como Daniel Erbetta y Jorge Baclini, entendían que habiendo excesos de juicios la solución no era seguir cargando al sistema sino buscar cómo resolver el problema.
Lo que no se puso sobre la mesa —en una clara señal de que no está cerrado técnicamente y menos consensuado hacia el interior del Tribunal— es la modificación que evalúa la jueza Margarita Zabalza de ir en el fuero laboral a un sistema similar al penal, con un Colegio de Jueces y máxima oralidad en los trámites, que es visto como una solución más integral al problema que el cambio solo en el Código de Procedimiento.
¿Qué se acordó finalmente? La Corte dejó en claro que no le termina de cerrar la alternativa, pero terminó no oponiéndose a su aprobación legislativa —como ocurriría por la tarde y por unanimidad en el Senado— quedando abierta una mesa de seguimiento durante el año de transición dispuesta para ir evaluando en detalle su puesta en marcha.
Eso sí, rápido de reflejos, el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, le sacó un compromiso a los legisladores: tener más intervención en los temas legislativos que tengan que ver con la Justicia, como las reformas que se vienen en el código procesal civil y comercial y en el contencioso administrativo; este último una gran batalla ya que, a fin de cuentas, se trata —dicho simple— de las formas en las que el ciudadano le puede hacer reclamos al Estado.
En este tema, que asoma ya como la próxima gran batalla, también vuelven a aparecer dos visiones sobre el sistema. Y fue el propio Weder quien, como exponente de esa visión más conservadora, ya les anticipó —cuando se estaba terminando el encuentro— su oposición a ir hacia un sistema de Colegio Único de Jueces y audiencias virtuales, defendiendo el criterio actual frente a lo que considera es un intento de “desterritorializar” el sistema.
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- La aprobación del cambio laboral fue saludada por la “La Red de Instituciones por la Producción de Rosario”, que integran Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura.
“La reforma aprobada responde a una demanda estructural del sector productivo: reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa, sin resignar en ningún caso la tutela genuina de los derechos de los trabajadores. El nuevo marco otorga previsibilidad jurídica, establece reglas más claras y proporcionales, y elimina los incentivos perversos que convirtieron al proceso laboral santafesino en un factor de riesgo sistémico para quienes producen, invierten y generan empleo en la región”, concluyeron.
Y no es para menos, ya que es récord la litigiosidad laboral en el fuero laboral local, como vamos a contar en el próximo punto de este Run Run con un caso de esta semana que hasta disparó una denuncia contra un estudio jurídico de la ciudad.
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- “Hola, buenas, buscaba a XXX, es para ofrecerle una junta médica por incapacidad (desgaste físico) con la ART por los años trabajados en la constructora XXXX. Tenemos varios clientes de la empresa en el estudio, tiene hasta 2 años para reclamar el cobro de la indemnización, no debe pagar nada por adelantado. Si está interesado le dejo un audio explicativo. ¿Si es familiar o conocido podrá pasarle el mensaje o decirle que se contacte? Gracias”.
Eso decía el WhatsApp que, de la nada, le cayó al empleado de la constructora aludida. ¿Quién lo enviaba? Era enviado por el estudio jurídico Nani, con sede en calle Italia 587.
No conforme con el primer mensaje, luego le llega un “audio explicativo” el cual reza: “Hola XXX, cómo andas, buen día. Te dejo todos los datos y si querés acordamos para mañana o cuando te quede más cómodo, normalmente en este rubro se reclama la espalda, la cintura, los brazos, pero puede haber otras lesiones, te dejo todo y si querés coordinamos en la semana”.
Alertada la constructora, y con el patrocinio del abogado Diego Martín Bálsamo, la empresa presentó una denuncia en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados contra los abogados Luciano Nani y Graciela Nani solicitando se apliquen los apercibimientos y/o multas y/o sanción disciplinaria porque, entienden, sus formas no se condicen con las conductas que deben desplegar los profesionales del derecho.
“Las conductas desplegadas por los profesionales del estudio Jurídico Nani violaron la norma ética ‘FORMACIÓN DE LA CLIENTELA’ la cual reza: ‘El abogado debe evitar escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de la clientela, absteniéndose de toda publicidad sospechosa o excesiva. Es indecoroso todo procedimiento para conseguir clientes mediante agentes o corredores, participaciones en los honorarios o asociaciones de cualquier índole’”, denuncian.
“En el caso de marras el estudio jurídico Nani opera de esta manera, tratando de captar escrupulosamente clientes mediante mensajes de WhatsApp a compañeros de trabajo de clientes que llegan a su estudio. El proceder del estudio jurídico Nani menoscaba el decoro profesional, generando así un perjuicio y desconfianza en la sociedad toda, como así también es considerada una falta disciplinaria violatoria de lo dispuesto en el art. 311 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, el cual reza: ‘Se considerará falta sujeta a la jurisdicción disciplinaria de su respectivo Colegio, sin perjuicio de las sanciones que por los mismos hechos pudieren aplicar el fuero penal y los jueces en general por razones disciplinarias, toda inconducta grave que afecte el decoro de la profesión y toda violación de un principio de ética profesional, y cualquier incumplimiento por parte del afiliado de las obligaciones contempladas en las leyes y reglamentos’”, agregan los denunciantes.
Presentada la denuncia, será el turno del descargo del abogado señalado y la sanción final del Colegio de Abogados. De lo que no cabe duda es que, entre todos los problemas económicos que afrontan hoy las empresas en Santa Fe, además deben preocuparse de “los caranchos”.
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- Ya vamos a seguir con los colegios profesionales, pero antes una parada con una noticia que seguro impactará: Amoblamientos Reno prepara su convocatoria de acreedores. Al menos ese es el dato que manejan en el gobierno provincial.
En rigor, desde mediados del año pasado que esta industria -muy competitiva y muy equipada- viene a los tumbos en fuerte ajuste, recorriendo oficinas públicas en busca de ayuda.
Si bien la caída del consumo y el aumento de las importaciones explican la caída, impacta también cuestiones internas: con una nueva generación a cargo. Atrás parecen haber quedado los negocios que hicieron en el exterior
Lo cierto es que -por más que el management tenga su cuota de responsabilidad, como muchos en el ambiente indican- que una industria tan emblemática de la provincia (y líder de su sector en el sector de cocinas) vaya a convocatoria es una clara muestra de el mal momento que atraviesa el consumo y el comercio por la caída del poder adquisitivo de los salarios.
Otro caso que expone el duro momento de la economía real: Frimetal (conocida por la marca Electrolux) anunció que deja de fabricar heladeras en su planta de Rosario a partir del mes que viene por la caída de ventas y el reemplazo por importaciones. Se quedará con 250 trabajadores, cuando llegó a tener 750, y podría quedar con apenas 150 operarios. Esa es la información que maneja el gremio a la espera del anuncio oficial
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- Ya que hablamos de Colegios profesionales, vamos por las Cajas Previsionales. Y vaya que hubo novedades esta semana. Y es que la Municipalidad decretó que se retira como el “agente de control” que en la práctica era de los aportes que arquitectos e ingenieros realizan a su caja previsional que comparten.
En concreto, la Municipalidad deja de exigir el pago de los aportes previsionales a los profesionales que van a pedir el permiso de obra y el final de obra, como pasa hasta ahora. Obviamente, los profesionales tienen que seguir haciendo sus aportes, pero será la Caja la que deberá hacer las gestiones de cobro, una tarea que hasta ahora cumplía, de manera indirecta, la Intendencia. Insistimos, el problema no lo tendrán tanto los Colegios, sino la Caja que se quedó sin el servicio de “agente de cumplimiento” que tenía de arriba.
En rigor, el plafón normativo para que la Municipalidad tome esa decisión está vigente desde hace tiempo. Incluso, de una mirada bien fina, surge que el pedido de ese aporte no guarda relación con las exigencias (constructivas, de higiene y seguridad) que tiene que tener un proyecto para conseguir un permiso de obra y un final de obra. Ahora bien: ¿por qué se toma la decisión, que se venía venir, justo en este momento, no antes y no después?
No hay duda alguna de que se trata de una “devolución de gentilezas” del intendente Pablo Javkin al Colegio de Arquitectos, en la figura de su delegado local Rubén Palumbo, por lo que entienden es una permanente oposición política de un grupo de “socialistas nostálgicos”, como los catalogan, que trabaja en sintonía con la agrupación Ciudad Futura.
Fuente: Rosario3
