El acusado identificado como G.G.N. captaba mujeres jóvenes por Instagram con la promesa de pagarles por videos sexuales que supuestamente solo se verían en el exterior, aunque luego eran difundidos en plataformas globales. La causa, iniciada en 2025, reveló que siguió operando pese a ya estar imputado en libertad. Hay al menos ocho víctimas identificadas
Una investigación llevada adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), terminó con la detención y el dictado de la prisión preventiva para un hombre de 30 años acusado de haber montado un esquema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales.
Según la hipótesis de la fiscalía, el imputado —oriundo de Rosario e identificado por sus iniciales como G.G.N.— habría implementado, al menos desde 2022, un mecanismo sostenido de captación de mujeres jóvenes mediante redes sociales, principalmente Instagram, con el objetivo de concretar encuentros sexuales, registrarlos en video y posteriormente comercializar ese material en plataformas de alcance internacional. Para ello, se habría valido de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de la promesa engañosa de que el contenido solo sería difundido fuera del país.
Aunque el acusado ya había sido formalmente imputado en julio del año pasado por hechos vinculados a tres víctimas, la aparición de nuevos casos que daban cuenta de la continuidad de la actividad investigada motivó su detención el pasado 25 de marzo, según precisó el portal Fiscales.gob.ar.
En una audiencia multipropósito realizada el viernes, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, junto a la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitó la ampliación del objeto de la investigación preparatoria y la imposición de la prisión preventiva. El juez de garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, hizo lugar al pedido y ordenó la medida por un plazo de 90 días.
De esta manera, G.G.N. quedó detenido e imputado formalmente por ocho hechos —todos en concurso real y en carácter de autor— de trata de personas con fines de explotación, bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravados por la cantidad de víctimas, el aprovechamiento de la vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. El delito se encuadra en el artículo 145 ter del Código Penal y prevé penas de entre 8 y 12 años de prisión. Además, la fiscalía continúa la investigación por un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena.
El inicio del caso y el avance de la investigación
La pesquisa se puso en marcha el 5 de marzo de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida a través de la Línea 145, el canal del Ministerio de Justicia de la Nación para reportes vinculados a trata de personas. En esa comunicación se alertaba que el acusado ofrecía dinero a mujeres jóvenes a cambio de la grabación de videos con contenido sexual, bajo la promesa de que ese material sería difundido exclusivamente en el exterior.
La etapa preliminar de la investigación quedó a cargo de la PROTEX —encabezada por la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo—, y permitió identificar distintos perfiles utilizados en la maniobra, entre ellos una cuenta de Instagram denominada “Argentina Casting” o “AC”. Además, se logró establecer su vinculación técnica con el imputado a partir de líneas telefónicas e IP coincidentes, y se detectó la existencia de un grupo público en la aplicación Telegram utilizado para promocionar los videos.
Asimismo, la procuraduría especializada comprobó que la supuesta “exclusividad para el exterior” era engañosa, ya que el material era comercializado en una plataforma sin restricciones geográficas, lo que permitía su acceso también desde la Argentina.
El expediente pasó luego a ser tramitado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, que continuó profundizando la investigación. A partir de las medidas dispuestas, se pudo establecer que G.G.N. captaba a mujeres jóvenes mediante la red social Instagram y que se trasladaba a distintas provincias del país —entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones— para concretar los encuentros, realizar con ellas videos de contenido sexual a cambio de dinero y posteriormente encargarse de la edición y comercialización del material en plataformas digitales.
Con el material probatorio reunido, el 29 de julio de 2025 se realizó la primera audiencia de formalización de la investigación preparatoria, en la que G.G.N. fue imputado por los hechos de trata sexual vinculados a las tres primeras víctimas. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez interviniente ordenó como medida cautelar la imposición de una caución real por 20 millones de pesos.
Imputado, pero con actividad en curso
El avance de la investigación permitió establecer que, aun con conocimiento de la causa penal en su contra, G.G.N. habría continuado con su accionar. De acuerdo con un informe elaborado por el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), el acusado modificaba sus perfiles de Instagram y también recurría a distintas plataformas para captar la voluntad de mujeres con el fin de producir material de contenido sexual y comercializarlo.
En ese contexto, se logró identificar al menos cinco nuevas víctimas. Algunas de ellas ya declararon en Cámara Gesell —mientras que otras lo harán en los próximos días— y relataron haber sido engañadas para participar en la grabación de videos que no solo tenían circulación en el exterior, sino que también se viralizaron en múltiples plataformas y aplicaciones, alcanzando incluso sus entornos familiares y afectivos, lo que les provocó situaciones de angustia y un impacto en su salud psicológica.
Frente a este escenario, los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron el pedido de medidas de coerción señalando la existencia de nuevos riesgos procesales concretos que no podrían ser neutralizados mediante alternativas menos gravosas.
Asimismo, el MPF solicitó que la caución real de 20 millones de pesos oportunamente fijada no fuera devuelta al imputado, sino que quedara embargada para asegurar una eventual reparación económica destinada a las víctimas ya identificadas o a aquellas que pudieran incorporarse con el avance de la causa. Sin embargo, el juez interviniente resolvió hacer lugar a la devolución del dinero, en línea con lo solicitado por la defensa.
Fuente: Rosario3
