El diputado radical dijo que empezarán a trabajar sobre el capítulo que quedó afuera de la reforma en seguridad que tuvo media sanción este jueves. En diálogo con Rosario3, detalló qué herramientas se incorporan para el combate del delito y cuestionó los casi seis meses que llevó aprobarlas
Las zonas de intervención policial especial quedaron afuera de la reforma de seguridad que la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves por 37 votos a favor y 11 en contra. Pero el debate seguirá por separado. Martín Rosúa, presidente de la comisión de Seguridad Pública y uno de los negociadores del radicalismo en el trabajoso acuerdo que terminó con la media sanción, dijo a Rosario3 que Unidos se comprometió a trabajar en un proyecto específico para retomar la propuesta. La idea es combinar una actuación policial focalizada en sectores con alta concentración de hechos violentos con la intervención de otras áreas del Estado.
El texto que pasó al Senado también dejó afuera el interrogatorio en sede policial. Entre las herramientas que sí fueron votadas, Rosúa destacó la interrupción de las comunicaciones de presos de alto perfil, la inteligencia preventiva y digital, los allanamientos urgentes sin orden judicial previa en situaciones excepcionales y el juicio en ausencia para personas prófugas bajo determinadas condiciones.
El radical sostuvo que los cambios mejoraron el proyecto y ayudaron a ampliar la mayoría, pero consideró un error que la discusión se demorara casi seis meses. Atribuyó la tensión dentro de Unidos a diferencias ideológicas y políticas.
—¿Están conformes con lo que salió o sienten que resignaron demasiado?
—Totalmente conformes. Es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro. Este gobierno logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos, particularmente los rosarinos. Nuestra responsabilidad era darle las herramientas que pedía para sostener esos resultados y enfrentar nuevas formas del delito. Nos pidió 11 herramientas, le devolvimos 10 y quedó una para debatir en una ley posterior. Me parece un resultado totalmente satisfactorio.
—Esa herramienta que quedó para más adelante es la de las zonas de intervención policial especial. ¿Por qué decidieron separarla de la reforma?
—La propuesta del Ejecutivo apuntaba a que, cuando hay violencia altamente concentrada en una zona puntual de la ciudad, la Policía pueda tener facultades ampliadas en ese lugar. Decidimos dejarlo para una ley posterior porque queremos que haya una actuación policial focalizada, pero articulada con otros sectores del Estado. Eso requería más debate que las herramientas que eran urgentes.
—¿Sería una ley específica? ¿Cuándo empezarían a trabajarla?
—Sí, nos comprometimos dentro de Unidos a trabajar una ley específica sobre este tema. Vamos a arrancar ahora y vamos a ver cuánto tiempo de debate nos lleva. El punto de partida va a ser lo que ya mandó el Ejecutivo.
—¿El Ejecutivo tendría que mandar otro proyecto?
—Podemos trabajarlo también desde la Legislatura.
—¿Compartís que el proyecto necesitaba cambios o fueron una concesión para conseguir los votos y preservar la unidad de la coalición?
—La ley es muy parecida a la que mandó el Ejecutivo. Las herramientas conservaron su naturaleza y su potencia. En el tratamiento legislativo se agregaron plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control, como ya había pasado en 2024 con la emergencia en seguridad, la ley de inteligencia, la de microtráfico y la reforma del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en los allanamientos urgentes por armas o explosivos se agregó el control judicial posterior. Para el juicio en ausencia se incorporó la exigencia de probar que la persona prófuga sabía que había un proceso en su contra. En inteligencia, el proyecto ya venía con controles judiciales y se precisó qué actividades preventivas puede hacer el Ejecutivo y cuáles corresponden a la Justicia a partir de un delito.
