El dossier del Ministerio de Desarrollo Productivo, reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre la producción de biodiesel.
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, presentó al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde el Mercosur.
Durante la reunión, realizada en la sede de la Cancillería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también estuvieron presentes la secretaria de Comercio Exterior de la Provincia, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Maximiliano Pullaro llevó al canciller Pablo Quirno un documento en defensa de la producción santafesina de biodiésel
Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador “entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea”; y precisó que estos datos “refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, motivo por el cual se restringieron las importaciones.
Mercado fundamental
“La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición”, indicó el ministro santafesino, quien además destacó el “trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario”.
“Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados”, indicó el ministro.
En la misma línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y sostuvo que el objetivo del documento es “demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”; además de señalar que “no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe”. Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.
