El proyecto plantea cambios estructurales en el sistema político argentino. Entre ellos, la eliminación de las primarias, modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones y una alteración del sistema de Boleta Única de Papel. Además, incorpora el impedimento a condenados para ejercer cargos públicos
El presidente Javier Milei envió este miércoles al Senado de la Nación su proyecto de reforma electoral, un paquete que incluye la eliminación de las Paso (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la instauración de estrictos requisitos para los partidos, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y cambios en el financiamiento político.
Además, de acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas, el proyecto incorpora el criterio de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.
La iniciativa oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.
Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.
Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.
Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.
Otro articulado que traerá discusiones, de acuerdo a Página 12, es el que modifica el financiamiento privado. El texto del Gobierno amplia el límite al aporte de recursos privados tanto para el desenvolvimiento institucional por año calendario como en cada campaña electoral. Los partidos no podrán recibir “un monto superior al 35 por ciento del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Actualmente ese límite es del 2 por ciento.
Por otro lado, especifica que no se podrán recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas o procesadas por lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita o delitos contra el Estado.
Se deroga el artículo 74 de la Ley de Servicios Audiovisuales que obligaba a los medios de comunicación a cumplir con los requisitos de publicidad política y la cesión de los espacios en la programación durante las campañas electorales. Esto implica que los canales de TV no estarán obligados a transmitir los spots de campaña electoral, y que serán los partidos políticos quienes deban financiar la publicidad.
En cuanto al diseño de la BUP, propone que se incorpore un casillero en blanco “próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas” para generar la posibilidad de votar lista completa. Otro artículo al que se le debe prestar atención es el 28, que determina como serán las adhesiones de las listas en la BUP. Acá se avanza con la posibilidad de que los partidos provinciales puedan incluir cargos locales en la parte inferior de la boleta.
Con el proyecto, el Poder Ejecutivo busca modificar la arquitectura electoral argentina, y de acuerdo a lo ya anticipado por Rosario3, el Gobierno ve en el lanzamiento, la oportunidad de retomar la iniciativa en medio de la crisis multidimensional que atraviesa por la inconsistencia de su plan económico, las internas y las sospechas de corrupción. Pero no solo eso: también le permite retomar el discurso anticasta, una bandera caída a partir de los casos Adorni, Andis, Libra y el de los créditos millonarios del Banco Nación para funcionarios y diputados libertarios.
Sin embargo, para avanzar requiere primero una negociación con los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.
Hace días, también según Página12, la bancada libertaria reconocía que no tiene los números en Diputados para avanzar en la eliminación de las Paso, sin embargo, pretenden avanzar con el desafío.
A la vez, al meter en el paquete Ficha limpia, el oficialismo busca forzar definiciones incómodas en la oposición no peronista y reabrir una negociación con los gobernadores en medio de la crisis, en una lógica que, por ejemplo, ya desde la conducción de Provincias Unidas califican de “extorsiva”.
Justamente, hace unos días, ese sector presentó, a través de la diputada santafesina Gisela Scaglia, un nuevo proyecto para prohibir las candidaturas nacionales de personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. En los próximos días se sumarían otros dos, uno de la radical Karina Banfi y otro de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
Fuente: Rosario3
