El nuevo texto mantiene buena parte de la iniciativa original sobre seguridad pública, pero elimina dos mecanismos que habían generado cuestionamientos.
La reforma de seguridad que impulsó el gobierno de Maximiliano Pullaro llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados con una serie de modificaciones al sistema de persecución penal, el régimen penitenciario y las herramientas de prevención del delito. Sin embargo, el proyecto que obtuvo media sanción este jueves 5 de noviembre tuvo diferencias importantes respecto de la iniciativa original que había enviado el Poder Ejecutivo en mayo.
Cambios entre la reforma en seguridad original y la votada este jueves
La versión que obtuvo media sanción conserva buena parte de la estructura impulsada por el Poder Ejecutivo: modificaciones al Código Procesal Penal, herramientas para intervenir sobre inmuebles vinculados con actividades ilícitas, un régimen penitenciario especial, cambios en inteligencia y la ampliación del programa de recompensas.
Sin embargo, Diputados eliminó las facultades policiales extraordinarias y modificó distintas atribuciones fiscales, incorporando condiciones y controles judiciales más específicos. Con 37 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara baja aprobó el texto modificado, que pasó al Senado para su tratamiento.
Las facultades policiales que quedaron afuera de la reforma
El proyecto original proponía dos mecanismos que concentraron buena parte de las objeciones institucionales: habilitar a la Policía a interrogar a personas imputadas ante situaciones de peligro cierto para terceros o la seguridad colectiva y crear zonas de intervención policial especial.
La primera facultad fue eliminada y la versión final conserva la declaración informativa, pero bajo responsabilidad del fiscal y con garantías expresas para la persona convocada: conocer los motivos de su comparecencia, acceder a las evidencias, guardar silencio, retirarse y contar con un abogado. Sus manifestaciones no podrán utilizarse como prueba de cargo si renuncia a la asistencia letrada, sino únicamente para orientar la investigación. También se suprimieron las zonas especiales, que habilitaban controles de acceso, identificación de personas, requisas de vehículos, restricciones a la circulación, demoras de hasta 48 horas y arrestos de hasta 30 días por incumplir las disposiciones.
Allanamientos: se mantienen las excepciones, pero cambia el control judicial
La reforma conserva la ampliación de siete a nueve los supuestos en los que pueden realizarse allanamientos sin orden judicial, aunque introduce precisiones. Para buscar elementos vinculados con delitos, el texto aprobado exige que su ubicación en un domicilio pueda establecerse de manera precisa e inequívoca.
En los casos de armas y otros materiales controlados detectados en la vía pública, ya no alcanza con una sospecha: deben existir elementos que permitan presumir que hay más elementos en el domicilio y el procedimiento debe ser dispuesto por el fiscal. Además, se amplía el control judicial posterior: el juez deberá revisar de oficio la legalidad de los procedimientos comprendidos en cinco supuestos específicos, dentro de las 24 horas de finalizados.
Recuperación de inmuebles: límites a las decisiones fiscales
El proyecto original habilitaba al fiscal a ordenar directamente determinadas intervenciones sobre inmuebles abandonados, intrusados o con problemas de seguridad y salubridad. El texto aprobado limita esa facultad a medidas provisionales reversibles, que podrán ser revisadas judicialmente a pedido de parte o de quien acredite un interés legítimo. Para decisiones irreversibles, como demoliciones totales o desmontajes selectivos, se mantiene la intervención de un tribunal, previa audiencia. La apelación tendrá, como regla, efecto suspensivo cuando se trate de una medida irreversible.
Fuente: Roasrio3
